En este momento, las opiniones en torno a la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT) se dividen en dos bandos: los que la adversan y señalan que no es pertinente hacerla en época de elecciones, y los que la defienden y aseguran que hay que adecuarla a la Venezuela de ahora, que atraviesa por un proceso revolucionario.
El profesor de Derecho del Trabajo, de la Escuela de Derecho de la UCV, León Arismendi, asegura que discutir una reforma a la Ley Orgánica del Trabajo en año electoral "es absolutamente inconveniente para todo el mundo, ya que los cambios legislativos en materia laboral deben hacerse con objetividad, mucho más cuando el proponente es un candidato presidencial, lo que nos lleva a pensar que este tiene un interés electoral en sacar provecho".
El diputado Francisco Torrealba (Psuv), miembro de la comisión presidencial encargada de redactar la ley, contesta: "Los que dicen que la nueva Ley Orgánica del Trabajo se va a realizar en un año electoral son los mismos que siempre se han opuesto a las reformas de esta ley. No pareciera que son habitantes de este país, pues es un clamor de los trabajadores. Nadie, en su sano juicio, puede oponerse a la LOT".
Arismendi discrepa, asimismo, del contenido ideológico de la reforma, lo que le agrega un sesgo a la discusión.
"Los proponentes de la nueva Ley del Trabajo dicen que debe adecuarse o estar adaptada a la transición, hacia el socialismo, y eso no está en la Constitución actual".
El diputado Torrealba rebate este argumento: "Puedo decir que no tiene un sesgo, sino un alto contenido ideológico socialista, de transformación y justicia social que posibilita que se genere un texto hacia la transición para evitar la explotación capitalista que se ha hecho del trabajador".
Sobre el tema de los consejos laborales, Arismendi hace una precisión.
"Tenemos que tener una clara definición al respecto, porque si son propuestos por los trabajadores, bienvenidos sean, pero si son impuestos por el poder, esto sería contrario a la libertad sindical, mucho más si pretende ser un ente socialista. Este último ingrediente sería discriminatorio. Eso sería un propósito inconstitucional".
Torrealba sostiene que la propuesta de los consejos laborales vino de la misma base de los trabajadores. "Como también fue planteada por la Central Bolivariana de Trabajadores la creación de la nueva Ley del Trabajo y que se diera por vía de la Habilitante, lo cual el presidente Chávez acató".
Otra de las interrogantes que se plantean quienes cuestionan el propósito de una nueva Ley Orgánica del Trabajo es… ¿qué va a dejarse del texto actual y qué será eliminado?
Torrealba asegura que quedarán todos los derechos fundamentales que contiene la legislación vigente.
José Manuel Puente, economista y profesor de Políticas Públicas del Iesa, apunta que de darse una reforma a la Ley Orgánica del Trabajo, "el gran perdedor será el sector público, que cuenta con aproximadamente 2,3 millones de empleados, según cifras emanadas del Banco Central de Venezuela, con fuertes pasivos laborales".
Refiere que "en una democracia plena una reforma laboral debe hacerse de una manera amplia tomando en cuenta la opinión de los tres actores principales: el sector gobierno, el sector empresarial y los trabajadores, para que cada uno de ellos dé a conocer sus puntos de vista, los cuales deben ser respetados y eso, hasta ahora, no ha ocurrido".
Torrealba agrega que no están violando los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), "pues la participación está garantizada. Lo que pasa es que tanto la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) como Fedecámaras tienen una participación limitada. Estos dos actores son los responsables de la pérdida de los derechos laborales".
"Los 12.000 planteamientos que estaban en la Asamblea Nacional fueron recogidos como propuestas a lo largo y ancho del país. Ese fue el punto de partida para la redacción de los nuevos artículos", apuntó Torrealba.
Los analistas opinan que en cualquier parte del mundo, un cambio en el régimen laboral debe ampliar la consulta y apuntar hacia un objetivo supremo: crear empleo decente y respetar derechos consagrados.
Por ahora, no hay nada claro sobre la principal oferta: retomar el régimen anterior de prestaciones sociales. Cómo mejorar el vigente es el reto
Publicado por El Mundo el Lunes, 16 de Enero del 2012
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